La líder de la oposición de Victoria, Jess Wilson, ha propuesto una revisión radical del tribunal más alto del estado, con el objetivo de aumentar las sentencias dividiéndolo en divisiones penal y civil. Grupos legales y de derechos humanos calificaron de inmediato la idea como una 'burbuja de pensamiento peligrosa e ignorante' que politizaría el poder judicial.

Según el plan, anunciado el domingo, se crearía un tribunal de apelaciones penales dedicado junto con un tribunal de apelaciones civiles separado, integrado por jueces adicionales con experiencia en derecho penal. Esto acompañaría leyes de fianza y sentencias más duras que la Coalición promete promulgar dentro del año si es elegida en noviembre.

'Es hora de un nuevo enfoque', declaró Wilson, afirmando que el nuevo tribunal penal 'empoderaría a jueces especializados en derecho penal para garantizar que las sentencias de los criminales cumplan con las expectativas de la comunidad'. Cada sentencia contribuiría a la jurisprudencia, ayudando a establecer 'consecuencias apropiadas' para los delitos.

El fiscal general en la sombra, James Newbury, insistió en que el proceso de nombramiento (gobernador por recomendación del fiscal general) no cambia, aunque una 'sólida experiencia en asuntos penales' sería un enfoque clave. Mencionó consultas con jueces y tribunales, aunque se negó a discutir detalles, citando la conveniencia.

Los críticos no quedaron impresionados. La presidenta de Liberty Victoria, Gemma Cafarella, lo calificó como una 'burbuja de pensamiento peligrosa e ignorante diseñada sin la aportación de expertos', advirtiendo que en 'democracias que funcionan correctamente', los parlamentos hacen las leyes y los tribunales las aplican, por separado. 'Los gobiernos no deberían elegir jueces para obtener los resultados que quieren', dijo, añadiendo que la propuesta politizaría los tribunales penales.

El portavoz de la Alianza de Abogados de Australia, Greg Barns SC, señaló que 'no hay evidencia clara' de que la estructura judicial actual esté fallando, aparte de la falta de financiación, y calificó el plan como 'un ejemplo perturbador del riesgo de socavar la independencia del poder judicial'. La directora de la Alianza, Susan Accary, dijo que 'no estaban convencidos' de que mejorara la justicia o abordara los retrasos.

El presidente del Instituto de Derecho de Victoria, Tom Ballantyne, cuestionó qué 'aporta' la propuesta dado que el tribunal ya cuenta con jueces con amplia experiencia penal. 'Cualquier cosa que pueda socavar la independencia de los tribunales... podría tener consecuencias significativas', advirtió.

La propuesta llega en medio de una campaña electoral centrada en el crimen, con Labor ya aprobando 'tiempo de adulto para delitos violentos' y leyes de fianza más duras, además de una revisión de sentencias. El líder de One Nation en Victoria, Warren Pickering, también ha pedido hacer 'responsables a los jueces de corazón sangrante'.

El primer ministro Ben Carroll descartó el plan como evidencia de que los liberales están 'desorientados', preguntando cómo podrían 'reescribir la jurisprudencia de la noche a la mañana' y sugiriendo que carecen de experiencia legal.