En un giro sorprendente que no sorprenderá absolutamente a nadie que siga la política latinoamericana, el tribunal constitucional de Perú ha anulado la sentencia de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala, declarando nulo y sin valor todo el proceso penal en su contra. Humala, que gobernó el país de 2011 a 2016, fue condenado en 2025 por aceptar fondos ilegales del presidente venezolano y del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Pero el viernes por la noche, fue liberado de la prisión de Barbadillo en Lima, recibido por una multitud de seguidores que aparentemente no tenían nada mejor que hacer un viernes por la noche.

El abogado de Humala, Julio Espinoza Goyena, recurrió a las redes sociales para celebrar, explicando que el tribunal dictaminó que las contribuciones que recibió su cliente durante las campañas electorales 'no constituyen lavado de dinero'. Porque, por supuesto, cuando una empresa constructora te entrega millones de dólares, es solo un gesto amistoso, no un delito. El abogado añadió que la Sala Penal debe ahora ordenar el sobreseimiento definitivo del proceso y la 'LIBERTAD' de Humala, en mayúsculas para enfatizar.

Humala, siempre la víctima, dijo a los periodistas frente a la prisión: 'Hemos sido víctimas de persecución política y judicial'. Porque ser investigado por aceptar sobornos es exactamente lo mismo que ser perseguido. Su esposa, Nadine Heredia, también condenada por lavado de dinero y sentenciada a 15 años, logró escapar a Brasil después de solicitar asilo en la embajada brasileña. Bonito trabajo si puedes conseguirlo.

Humala es solo un capítulo en el continuo escándalo de Odebrecht en Perú, un escándalo que ha envuelto a cuatro presidentes del país. Alejandro Toledo, que gobernó de 2001 a 2006, fue sentenciado el año pasado a más de 20 años por aceptar sobornos de 35 millones de dólares. Alan García, que cumplió dos mandatos, se suicidó en 2019 antes que enfrentar un arresto por acusaciones de soborno que negó. Pedro Pablo Kuczynski, en el cargo de 2016 a 2018, enfrentó un juicio político por pagos de Odebrecht, aunque insiste en que fueron legales. Claro, Pedro, claro.

Humala y su esposa fueron acusados de aceptar 3 millones de dólares en contribuciones ilegales de Odebrecht para financiar su campaña de 2011, más 200.000 dólares de Hugo Chávez de Venezuela para la contienda de 2006. Pero siempre mantuvieron su inocencia, alegando persecución política. Humala, ex oficial del ejército, saltó a la escena nacional en 2000 cuando lideró una breve rebelión militar contra el entonces presidente Alberto Fujimori. Se postuló a la presidencia en 2006 con una plataforma inspirada en el socialismo de Chávez, perdió, y luego lo intentó de nuevo en 2011 con un enfoque más moderado, derrotando a Keiko Fujimori, hija del hombre contra quien una vez se rebeló. La política es un círculo extraño.

Sus problemas legales comenzaron después de que su mandato terminara en 2016, cuando Odebrecht admitió haber sobornado a funcionarios en toda América Latina con cientos de millones de dólares. Humala y Heredia pasaron un año en prisión preventiva antes de su condena en 2025. Ahora, con el fallo del tribunal, Humala es libre, y el sistema de justicia de Perú ha demostrado una vez más que cuando se trata de corrupción política, las reglas son más bien sugerencias.